La InSeGuRiDaD eN MÉxIcO

La inseguridad en México cada día va en aumento, todos sabemos que a cualquier hora del día podemos sufrir un asalto, un secuestro, etc., sin importar nuestra clase social.

Este problema está adquiriendo una dimensión cada vez mayor, imponiéndole un importante costo a la sociedad, la inseguridad se ha convertido para muchos mexicanos en el principal reto del país.

México ocupa el tercer lugar en incidencia de secuestros en todo el continente Americano, superado tan sólo por Colombia y por Brasil y sobrepasa a Estados Unidos en 175 por ciento. Al interior del país, la Ciudad de México ocupa el cuarto lugar, y sólo es superada por los estados de Sinaloa, Jalisco y el Estado de México.

Pero ¿porqué existe la delincuencia?, de hecho este problema social, político y económico tiene distintas causas, entre las cuales se encuentran los incentivos económicos, al igual que cualquier otra actividad productiva. La estructura de incentivos que condiciona la decisión de aquellos individuos propensos a delinquir deriva del funcionamiento del sistema de administración de justicia en su conjunto.Un funcionamiento inadecuado del sistema de seguridad pública -ineficiente persecución de delincuentes y/o decisiones judiciales no apegadas a derecho- favorece la incorporación de individuos en actividades delictivas.

Partiendo de que los individuos deciden de forma racional orientar sus esfuerzos productivos a cualquier actividad en función de los costos y beneficios esperados al desarrollarla, la decisión de participar en actividades legales o ilegales dependerá de cuál de estas produce mayores beneficios netos. Con base en lo anterior, los individuos cometerán un crimen si los beneficios de hacerlo son suficientemente mayores a sus costos.Mientras los beneficios económicos de la delincuencia son claramente los bienes materiales y monetarios obtenidos mediante el acto criminal (dinero, automóviles, relojes, etc.), los costos están determinados por el gasto en materiales necesarios para llevarlo a cabo, las remuneraciones no obtenidas en actividades legítimas (costo de oportunidad del tiempo) y el costo potencial que representa la pena o castigo de un posible arresto. Este último se expresa como la probabilidad de ser apresado y sentenciado, multiplicado por el valor asignado al castigo correspondiente de la condena judicial (plazo de sentencia) o multas.

Aparte la impunidad atenta contra el bienestar social y el desarrollo del país. Los costos de la delincuencia para la sociedad -cercano a uno por ciento del PIB- son un resultado de la impunidad puesto que ella ha ocasionado el florecimiento de las actividades delictivas ya que, en términos económicos, constituyen una opción muy rentable para los delincuentes.

Sin embargo, en nuestro país la falta de estadísticas históricas y confiables, principalmente sobre denuncias de delitos, hace difícil llevar a cabo una evaluación detallada y fiable de los esfuerzos realizados por las autoridades para combatir la delincuencia. Algunos indicadores con base en las cifras oficiales muestran que los resultados hasta ahora alcanzados no son muy alentadores.Cabe mencionar que la seguridad pública y el combate de la delincuencia en nuestro país involucran la participación coordinada de varias instancias o dependencias del poder público. Por una parte, el Poder Judicial tiene el encargo de juzgar a los presuntos delincuentes conforme a derecho y, en su caso, imponer las condenas, penas o castigos que procedan. Por la otra, el mantenimiento de la seguridad pública y la persecución de delincuentes corresponden, en el orden federal, al Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República (PGR) -mediante el Ministerio Público- y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y en el ámbito local -estados y municipios- a las procuradurías y policías locales.

Una solución integral al problema de la delincuencia demanda, entre otros elementos, fuerzas policiacas mejor capacitadas, la utilización de tecnología criminal que permita el monitoreo del crimen, la mayor severidad de las penas o castigos, mecanismos de prevención y disuasión (programa de cero tolerancia), mayores gastos en personal de seguridad (policías) y una revisión del sistema y funcionamiento de las prisiones.


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